Son 1.200 euros los que tiene que pagar. Incumple la ley de política lingüística de la Generalitat que marca que el rótulo debería estar al menos en catalán.
Una denuncia anónima sirvió para que le sancionaran. Pero él piensa defenderse y, si hace falta, recurrirá al Constitucional y a Estrasburgo.
En Internet apoyo no le falta, aunque también ha recibido amenazas. Cerca de la inmobiliaria, otras tiendas también rotulan en castellano. Y en Cataluña también se pueden encontrar comercios con letreros escritos sólo en árabe o en chino
No hay comentarios:
Publicar un comentario